Las crisis de los togados

Los togados de las Cortes jamás pensaron que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos hubieran interceptado los mensajes orales y escritos de algunos dirigentes políticos que los comprometían seriamente en el irregular desempeño de sus funciones y que los tienen en el ojo del huracán de la opinión pública, por haber cohonestado con el actuar delincuencial de los parlamentarios y funcionarios que se encuentran sindicados por actos de corrupción. Es deprimente observar que algunos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y un magistrado de la misma, se encuentren inmersos en hechos, que atentan contra la moralidad pública y sobre todo en un órgano que es considerado el máximo rector de la rama judicial del país. Es claro que, si no hubiera sido por las evidencias que entregaron las autoridades judiciales norteamericanas, nunca se hubiera conocido de los casos más aberrantes y detestables de corrupción que han cometido algunos servidores públicos, parlamentarios y altos dignatarios de las Altas Cortes. Es inocultable que la implementación de una reforma al sector de la justicia es una necesidad inaplazable y que, de manera consensuada con la Rama Judicial y tras un acuerdo entre las fuerzas políticas, deberían darse pasos para avanzar de nuevo en esa vía.

Desafortunadamente la credibilidad del poder judicial empieza a ser metástasis en la mente de los colombianos por estas circunstancias. Pero se ha venido incrementando la desconfianza de los ciudadanos en la rama, expresada en la imagen negativa de las altas cortes por encima del 70 por ciento, de acuerdo con los sondeos de opinión realizados recientemente y que se constituye en un buen medidor de cómo el país se acostumbró a ver a dignatarios de la justicia envueltos en escándalos y mezquindades. Es indignante y muy denigrante para la sociedad colombiana, todos los casos de corrupción que diariamente se conocen por la delación de los sindicados que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia. Además, al peor estilo de las organizaciones criminales, observar a los exmagistrados Francisco Ricaurte y a su colega Leónidas Bustos, incursos en una organización criminal que entre el 2013 y el 2017 se especializó en utilizar información privilegiada, manipular testigos para cambiar versiones, instrumentalizar a los medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, desaparecer o alterar evidencias y obtener decisiones con apariencia de legalidad. Todo ésto, a cambio de millonarias sumas que, dice el ente investigador, que también llegaron a manos de Gustavo Malo Fernández, actual magistrado de la Corte Suprema y quien se empeña en mantener una investidura que, según las pruebas en su contra que se acumulan día a día. Consideramos que debe hacerse a un lado, porque le está causando un gravísimo daño a las instituciones del país.